Subprocurador justifica que cancelaran aprehensión en caso Altisa
Por: Sonia de Anda
TIJUANA.- Las agentes del Ministerio Público que atendieron la audiencia de las victimas de Altisa debieron mostrar mayor sensibilidad para con quienes representaban, aunque el resultado de suspender la orden de aprehensión y recurrir a la mediación se hubiera dado de cualquier forma, afirmó el Subprocurador General de Justicia en Tijuana, Jorge Alberto Álvarez Mendoza.
"Si te doy la parte que lo mejor por parte de los agentes del ministerio público falto un tema de sensibilidad de platicar con las víctimas probablemente antes de la indigencia, cuál va a ser el proceso, sí jurídicamente es correcto y yo personalmente ya vi el video de la audiencia y si lo veo desde la óptica de la víctima, me va a decir que el MP está apoyando y favoreciendo al imputado, esa orden de aprehensión lo único que buscaba es presentarlo ante el juez y el proceso lo que busca como una empresa moral es la reparación del daño, entonces en nuestro sistema de Justicia penal, la única forma el proceso que tenemos para buscar una reparación del daño es a través de la mediación y la conciliación, a través del Sejap, es por eso que se hace esta derivación después de que la persona ya se presenta ante el juez, se cancela la orden y eso no quiere decir que el proceso no va a continuar", comentó.
Luego de que Uniradio expusiera la inconformidad de los defensores de las víctimas del accidente registrado en la zona de Ke Casas el pasado 12 de octubre del 2016 donde perdieron la vida 6 personas y 11 pasajeros resultaron lesionados, por la forma en la que dos ministerios públicos participaron en la audiencia que se celebró ante una juez de control, donde se estuvieron de acuerdo en aceptar la cancelación de la orden de aprehensión que se había girado en contra de Víctor Eduardo “N”, quien es accionista mayoritario y apoderado legal de Altisa por ser empresa transportista propietaria de la unidad 290 que provocó la colisión, el funcionario estatal destacó que este caso sólo puede obligar a la reparación del daño con la disolución de la empresa y no con prisión para una persona moral
"Hay que recordar aquí que no estamos persiguiendo una persona física, la carpeta de investigación original que tenemos es una orden o una acción penal que se ejército contra una persona moral, o sea no vamos a meter personas morales a la cárcel, entonces la finalidad al fondo de ese tema es como empresa moral que responde y repare el daño, la consecuencia más grave que pudiera tener es la reparación del daño y lo más grave en algún momento, lo que lo que nos da nuestro código es una disolución de la empresa", precisó.
Agregó que se está revisando si existe alguna responsabilidad que perseguir por el hecho de que personal ministerial no ejecutó la orden de aprehensión en contra del imputado, luego de que el Juez federal la dejara “expedita” cuando lo requirió y este no se presentó para ratificar el amparo que promovió en contra de tal procedimiento.
"Estoy analizando ese tema, ese lapso de tiempo que tuvimos en el que efectivamente estuvo parado o al menos siguen parado y el proceso, aunque quede expedita cerca de algunos meses, ahorita estoy verificando si hay necesidad de verificar, si hubo un omisión según la regularidad en este tema lo vamos a ver para proceder si hubo un omisión por el incumplimiento de esta orden de aprehensión", declaró.
Precisó que no todos los representantes legales de las victimas estuvieron presentes en la audiencia del pasado 12 de marzo, debido a que es una responsabilidad de juzgado notificar a las partes, sin embargo destacó que la carpeta de investigación que ha integrado la Procuraduría General de Justicia de BC ha mostrado logros que no se tenían a nivel nacional.
"Jurídicamente ha sido un asunto ejemplar, porque es la segunda ocasión en el país que se procesa una persona moral, es la primera orden de aprehensión que se obtiene en contra de un representante legal que estaba su vez respondiendo por una empresa moral, entonces un asunto que hemos estado dando puntual seguimiento", explicó.
Finalmente, Álvarez Mendoza reconoció que la empresa aun puede buscar vías jurídicas para aplazar la reparación del daño, por lo que le hizo un llamado a sensibilizarse con las víctimas, entre ellos el joven estudiante, Brandon Morelos Hernández, quien quedó cuadripléjico como resultado de este accidente, aunque sostuvo que por parte de la PGJE se garantizará la justicia.
"Primero los deudos, las personas que fallecieron y el joven que está incapacitado que hasta la fecha hay que reconocer, nadie respondió por él que está totalmente en estado de indefensión y ha sido lento el proceso, enfrentamos una situación, un proceso que es único y la primera vez que se intentó una judicialización a una empresa moral y procedió, lo que si te comento es que el asunto no ha concluido, siguen trámites, es más podemos decir que apenas va empezando, vean el tema que se ocasionó y la verdad que afronten su responsabilidad, su consecuencia, que reparen el daño, claro existen argumentos temas jurídicos que deliberadamente pueden retrasar el proceso, como el tema del Amparo, pero bueno ahora sí como te digo, Procuraduría va hacer todo lo posible, tenemos en cuestión de unos días una audiencia de mediación y ahí pudiera concluir en una semana el asunto", concluyó.