Leyzaola sin ningún citatorio para comparecer, confirman

- Declaraciones del exdirector de la Policía de Tijuana, durante el gobierno del panista Jorge Ramos, sin peso contra el teniente Leyzaola, afirman.

Por: Octavio Fabela

TIJUANA.- El teniente coronel, Julián Leyzaola Pérez, tuvo conocimiento de la nueva y presunta orden de aprehensión en su contra a través de los medios de comunicación locales y no por parte de alguna autoridad, confirmó el diputado federal por Baja California, Héctor Cruz.

"En ningún momento le ha llegado a él un citatorio para comparecer dentro de las averiguas previas, entonces de repente sale a la luz una orden de aprehensión y una judicialización de esas averiguaciones previas", afirmó.

Explicó que el teniente coronel mantiene un recurso legal ante un tribunal de Distrito que le otorgó una suspensión provisional por el mismo hecho por el que ahora, un juzgado distinto presuntamente le libró una orden de aprehensión.

"Pues obviamente él y su equipo de jurídico buscaron la protección del sistema jurisdiccional federal a efecto de conocer realmente cuál es el estatus en el que se encuentra, en efecto eso existe", dijo.

Agregó que primero deberá concluir el juicio de garantías que está en proceso y de esa resolución dependerá si es procedente o no la nueva causa que se le sigue.

Respecto a los presuntos dichos por el exdirector de la Policía, Huerta Martínez, el diputado señaló que no tienen peso de prueba, pues la causa es de hace 10 años y está radicada en el modelo acusativo, en el que no existe la figura del acusado que colabora.

"En el sistema inquisitivo al cual pertenecen estas averiguaciones, no se toma valor a estos señalamientos de descargo de una persona hacia otra, sobre todo y creo que al capitán Huerta se le olvida que él va en calidad de imputado y no de testigo, no existe esta figura de testigo colaborador", expresó.

Bajo ese tenor, el diputado federal puntualizó que cualquier señalamiento que haga del exdirector de la Policía Municipal de Tijuana, Gustavo Huerta, quien desempeñó el cargo durante la administración del panista Jorge Ramos,  en contra del teniente, resultará un señalamiento que se está haciendo a él mismo por inacción u omisión.

"En ese sentido es la situación que se maneja ahorita en cuanto a la situación legal del teniente, sí efectivamente existe una protección ya, ¿en qué situación se encuentra? pues es una suspensión definitiva, la autoridad ha declarado no surte efectos de protección toda vez que se trate del delito que se trata", externó.

El legislador por Baja California, sostuvo que  "no se ha resuelto en definitiva este emparo, entonces el teniente coronel tiene todo el derecho de aportar sus argumentos, aportar sus pruebas dentro de este propio juicio que no se ventila en el juzgado que concedió la orden de aprehensión, sino, en el juzgado al cual el teniente recurrió y que el concedió la suspensión provisional de estos actos".

El diputado federal por Baja California, Héctor Cruz,  indicó que en vísperas del próximo proceso electoral, la Fiscalía General del Estado vuelve a ser utilizada como instrumento político contra el teniente coronel Julián Leyzaola.

A Leyzaola se le acusa de tortura y privación ilegal de la libertad cuando fue secretario de Seguridad Pública en Tijuana entre los años 2008 y 2010, y fue señalado por policías y subalternos de haber cometido esos delitos.

“En dos ocasiones Julián Leyzaola ha tumbado en tribunales los intentos por inhabilitarlo y hoy enfrenta denuncias que sospechosamente se han reactivado después de 10 años, justo cuando se posiciona como el enemigo a vencer para la próxima contienda”, dijo el diputado.

Aseguró que quienes acompañan al teniente coronel irán hasta la última instancia jurídica, para defender su inocencia y también demostrarán que es y ha sido objeto de persecución política por parte de autoridades estatales.

Por último, el diputado federal agregó que el gobierno actual de Baja California está haciendo lo que el exmandatario Francisco Vega de Lamadrid y la Fiscalía de ese entonces, pero no se investigan los casos de corrupción en los que se han visto involucrados funcionarios del gabinete actual.