Funcionarios de Tijuana retienen información; habría sanciones: AGC

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Al sostener que no se subirá al ring con el presidente Municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, el alcalde electo, Arturo González Cruz y su equipo de transición advirtieron a los funcionarios municipales que podrían alcanzar hasta cinco años de cárcel por retener información, ya que los periodos de entrega que se ofrecen son insuficientes y están fuera de la ley.

“Yo no voy a entrar a situaciones de carácter personal con el alcalde creo que la ciudadanía tijuanense ya lo valoró en la pasada elección, él ya tuvo su resultado de la percepción que tiene la sociedad de él, no tengo por qué meterme a ese ring, nos queda muy claro qué es lo que está pasando", expresó.

Y agregó "habiendo contratos de parquímetros, de camiones de basura, de concesiones de toda naturaleza, de medios de comunicación que se crearon en el 2017 y que se les pagaron algunas cantidades, donde tenemos conocimiento que el fondo de educación que la federación nos pagaba la nómina municipal de educación este año no se liquidó porque no se permitió la auditoría al sistema educativo municipal y con eso le provocan un quebranto a Tijuana de 270 millones de pesos”.

Asimismo, agregó, “son precisamente las situaciones irregulares que se han estado observando y nos queda muy claro que todo este proceso se está haciendo para buscar esconderle a los tijuanenses la realidad de la situación de la ciudad”.   

Luego de que el primer edil les ofreciera atender al equipo de transición los martes y jueves de las 17:00 a las 19:00 horas el encargado de la comisión electa Carlos Murguía, sostuvo que hay un incumplimiento a la ley con tal ofrecimiento. 

“Si nosotros sumamos las obras de aquí a septiembre nos dan 28 horas y no es lo mismo que 60 días qué dice la Ley, 28 horas si acaso ajustan muy forzado 57 días, es una escenografía de ficción porque con este organigrama nadie puede llevar a cabo una transición correctamente conforme lo ordena la ley”, subrayó. 

Por su parte, la síndico procuradora Electa, María del Carmen Espinoza ofreció el teléfono 664 5777629 y el correo electrónico [email protected] para que la sociedad haga llegar sus requerimientos al ayuntamiento que no son atendidos.

“No podemos doblar nosotros las manos ante lo que dice Juan Manuel Gastélum, nadie le da derecho, por ley no se puede hacer así, tiene que haber un acuerdo entre las dos partes, por otro lado quiero dejar ante ustedes un correo y un teléfono donde pueden denunciar a cualquier servidor público que esté realmente violando sus derechos o haciendo mal uso de la información o no quieran integrar la información, esto es para todos aquellos servidores públicos que se sienten hasta ahorita muy fuertes y que la pueden todas y pueden abusar del pueblo”, comentó. 

Ante esto, el abogado Salvador Gómez Ávila, asesor jurídico de equipo destacó las posibles sanciones a las que se pueden hacer acreedores los servidores públicos que se nieguen a entregar la información que les requieren.

“En caso de que un servidor público saliente entregue información incomprensiva incompleta, oculte, altere, destruya o inutilice total o parcialmente sin causa justificada la información de bienes o recursos que se encontrasen bajo su custodia, que en su caso no la tienda los requerimientos de su declaración que se le formulen a los plazos establecidos por la ley, incurrirá en responsabilidad de los términos previstos por la ley de responsabilidades, a parte de la responsabilidad civil, está la responsabilidad administrativa”, sostuvo.

Además, expresó, “pero de más el código penal bajo el rubro de infidelidad de custodia de documentos y violación de secretos también habla que es delito sancionable con prisión de uno a cinco años de prisión a quienes oculten información que se encuentre bajo su custodia o la tenga acceso con motivo de su encargo”.   

González Cruz sostuvo que aún cuando ya cuenta con copia de los contratos privados, no han tenido acceso a la documentación  formal, aunque aseguró que a pesar de ello cuando inicie su administración se evaluará a los servidores públicos que continuarán en sus puestos.

“No por parte de los funcionarios, oficialmente no nos han dado nada de información, esta información llegó directamente los funcionarios que se sienten preocupados de este proceso, hay muchos empleados muchos funcionarios que han actuado con honestidad y siempre cuidando el bien de Tijuana".

Y aunó "esos funcionarios se tienen que quedar, vamos a buscar que esas personas que han demostrado una trayectoria de servicio, de honestidad que cumplan con la experiencia y la capacidad del puesto que están desempeñando y desde luego, no se trata de llegar y quitarte quitar por quitar, obviamente los cercanos a este estás ministración son personas que ya no caben a nuestra”.