Target Corporation pagará $5 millones por demanda Target Corporation pagará $5 millones como parte de un acuerdo de demanda de protección al consumidor.
- Presuntos sobrecargos de precios y publicidad engañosa de los fiscales SAN DIEGO.- El fiscal de distrito del condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que Target Corporation ha emitido un fallo estipulado y pagará $5,000,000 en multas civiles para resolver una demanda civil que alega que Target se involucró en publicidad engañosa y competencia desleal. La sentencia también requiere la restitución por un monto de $100,000 al Fondo Fiduciario de Procesamiento de Protección al Consumidor y $100,000 a la Asociación de Selladores y Comisionados Agrícolas de California, así como el pago a los diversos departamentos de Pesos y Medidas de sus costos de investigación por un total de más de $173,000. La acción fue presentada en el Tribunal Superior del Condado de Sonoma por los fiscales de distrito de Alameda, Marin, Contra Costa, Fresno, Santa Cruz, Ventura y San Diego. “Con esta última demanda, continuamos protegiendo a los consumidores y el dinero que tanto les costó ganar, además de garantizar que Target sea responsable cuando infrinja la ley”, dijo el fiscal de distrito Stephan. “Esta no es la primera vez que nos unimos a otros fiscales de distrito en el estado para asegurarnos de que esta corporación rinda cuentas”, puntualizó. En 2018, la oficina del fiscal de distrito anunció un acuerdo estatal de $7.4 millones con Target por acusaciones de que Target violó las leyes estatales y los términos cautelares de un juicio estipulado en 2011 con respecto al manejo y eliminación de desechos peligrosos minoristas por parte de la compañía. La denuncia más reciente presentada por los fiscales alegaba que Target cobró ilegalmente a los clientes precios más altos que el precio más bajo anunciado para los artículos. La Demanda también alegó que los precios anunciados en la aplicación móvil de Target cambiaron para algunos artículos cuando el cliente ingresó al perímetro de una tienda, y que la aplicación también publicitó el precio de ciertos artículos que estaban simultáneamente disponibles para comprar en la tienda en un lugar diferente pero sin revelar claramente a sus clientes dónde se puede comprar el artículo por el precio anunciado: en línea o en la tienda. La Sentencia incluye una orden judicial permanente que prohíbe a Target participar en publicidad falsa o engañosa y cobrar una cantidad superior al precio más bajo publicado por un artículo. La Sentencia también prohíbe a Target usar tecnología relacionada con la Aplicación, de una manera que haga que el precio de un artículo anunciado para la compra en línea aumente en función únicamente de la ubicación geográfica del usuario. Además, establece que Target revelará de manera clara y visible dónde el cliente puede obtener el artículo al precio anunciado en la aplicación, en línea o en la tienda, donde el precio en línea y en la tienda difieren. Por otra parte, el fallo requiere que Target implemente procedimientos adicionales de auditoría y precisión de precios en sus tiendas de California durante un período de siete años después de este fallo, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los requisitos de precisión de precios, incluida la notificación al público sobre su Programa de precisión de precios. Target cooperó con los inspectores y fiscales durante la investigación y desde entonces ha instituido nuevas políticas y procedimientos para mejorar la precisión de los precios. La División de Pesos y Medidas del Departamento de Agricultura del Condado de San Diego es la agencia que inspeccionó las tiendas Target. Ésta es fundamental en el control de los minoristas para asegurarse de que a los consumidores se les cobre el precio más bajo anunciado por los artículos. La agencia recibe quejas de miembros del público que creen que las empresas les han cobrado de más al (858) 694-2739. El fiscal de distrito adjunto Stephen M. Spinella y la fiscal especial Kathryn L. Turner de la División de Protección al Consumidor manejaron este caso para la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Diego.
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