Mesura y respeto, demanda Senado a gobernador de Puebla

México, (Notimex).- El Senado se pronunció contra las expresiones del gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, respecto a los hechos ocurridos el 24 de diciembre de 2018, en los que murieron la gobernadora de esa entidad Martha Érika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle.

El órgano legislativo demandó al gobernador mesura y prudencia, y lo llamó a que se conduzca de manera respetuosa, “a fin de evitar expresiones que dañan la cordialidad y la convivencia pacífica”.

En un pronunciamiento leído en el Pleno camaral, se reivindicó la importancia, pertinencia y presencia del Estado laico en todas las acciones que se emprenden desde cualquier ente público en el país, pues “todos estamos obligados a salvaguardar este principio”.

De la misma manera, se exhortó a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a informar, a la brevedad, los avances sobre las investigaciones de los hechos registrados el 24 de diciembre de 2018.

La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, explicó que al inicio de la sesión senadoras y senadores de diferentes grupos parlamentarios solicitaron un pronunciamiento en torno a las declaraciones del gobernador de Puebla sobre dicho asunto.

Posteriormente se dio primera lectura al dictamen con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Seguridad Interior, publicada el 21 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación.

El documento atiende las iniciativas que presentaron diversos senadores, así como el debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la necesidad de dejar sin efectos dicha norma, porque “algunos de sus preceptos son inconstitucionales”.

Los legisladores destacaron la importancia de contar con policías fuertes, eficaces y coordinadas, y no prolongar más la vigencia de un marco legal que formó parte de una estrategia de seguridad que falló los últimos años.

También subrayaron la necesidad de que México cuente con un marco jurídico que permita fortalecer a las instituciones de seguridad, así como la coordinación entre los órdenes de gobierno para responder a las demandas de la sociedad en esta materia.

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