Corrupción no se ha ido, solo cambió de forma: MCCI

MÉXICO.- La pandemia del Covid-19 llegó a México en un momento de debilitamiento de las instituciones dedicadas a combatir a la corrupción, con una forma de llevar a cabo actos deshonestos en el gobierno con distinta y muchísima opacidad, señaló la directora adjunta de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Sofía Ramírez Aguilar.

Entrevistada vía telefónica por el medio El Economista, precisó que comparado con los anteriores, lo que ha cambiado en este gobierno, es es el modo en el que actos deshonestos de funcionarios se realizan, y que atentan contra el erario, así como la forma en que se protegen a los allegados de la administración pública.

“En sexenios pasados se desviaban recursos públicos para beneficiar a empresas propiedad de personajes cercanos a algunos funcionarios o bien para beneficio personal, utilizando incluso las leyes para eso; ahora lo que ocurre es que hay casos de conflictos de interés, tráfico de influencia y, sobre todo, opacidad al dejar de transparentar información básica”, detalló.

Ahora la corrupción no significa precisamente que funcionarios de gobierno reciban casas de contratistas de gobierno, como pasaba con el presidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, sino a través de compadrazgos al entregar contratos de proveeduría y exoneración pública cuando se evidencian, como sucedió en el caso de Bartlett y el exdelegado del gobierno federal en Jalisco Carlos Lomelí, añadió.

La directiva de MCCI puso como ejemplo los casos en los que ha resultado involucrado el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

Explicó que, en el caso de la investigación sobre presunto enriquecimiento inexplicable, materializado, en parte, en la compra de varias casas, la actuación de la autoridad dejó mucho que desear y la sensación de que se le estaba protegiendo.

Recordó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo exoneró, porque el funcionario manifestó que las propiedades estaban a nombre de sus hijos y su pareja sentimental, la cual, según su dicho, no es su concubina.

Dijo que, en ese caso, el problema grave es que esas propiedades no fueron integradas a su declaración patrimonial, lo cual constituye una irregularidad y la autoridad decidió no actuar.

Luego, añadió, vino el caso de la empresa del hijo del funcionario, León Manuel Bartlett Ávila, donde se habría configurado un conflicto de interés y tráfico de influencias al hacer negocios con el gobierno del cual forma parte su padre, al venderle al IMSS ventiladores para usar en pacientes en estado delicado, que además vendió caro y, al final, resultaron que no servían para lo que se necesitan.

Ramírez Aguilar indicó que eso es una evidencia de que la corrupción no desaparece por decreto, ni por moralidad.

Afirmó que también es preocupante que la Secretaría de Hacienda esté eliminando muchos controles para la asignación de presupuesto, ahora sin necesidad de que se informe a la Cámara de Diputados, lo cual se vuelve un campo propicio no sólo para la opacidad, sino para que se cometan casos de corrupción.

El problema, destacó, es que se está concentrando la capacidad de decisión del gasto público en el Presidente.

Recalcó que hace falta articulación entre la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior de la Federación con el fin de que los casos de investigación no acaben en un “es que estaba mal integrado el expediente”.