Comisión de Fiscalización analiza glosa de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública

El objeto de la SHFP es instrumentar controles para combatir y prevenir la corrupción, para consolidar la confianza ciudadana en el gobierno

MEXICALI.- La licenciada Rosina del Villar Casas, titular de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública (SHFP), compareció ante la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, presidida por la legisladora Alejandra Ang Hernández. El objetivo fue proporcionar detalles sobre las actividades realizadas durante el periodo informado.

Durante su exposición, la funcionaria estatal resaltó la apertura de canales de comunicación para quejas y denuncias, la suscripción de un convenio con la Secretaría de la Función Pública Federal para la transferencia del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC), y la habilitación del programa de "Unidades Móviles de Atención a Quejas y Denuncias". Este último recibió reconocimiento nacional por su impacto en la mejora de niveles de atención y satisfacción en la prestación de servicios.

Del Villar Casas destacó el compromiso del Gobierno de B.C. para eliminar malas prácticas en el servicio público y señaló que se han presentado 34 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntos delitos relacionados con la corrupción, alcanzando un monto de más de 360 millones de pesos.

Durante la fase de preguntas, los diputados centraron sus interrogantes en temas como la disminución del acoso, abuso y hostigamiento escolar, las acciones frente al condicionamiento de apoyo por parte de ex funcionarios de Bienestar, las quejas y denuncias más frecuentes, la vigilancia en obras públicas y el monto de daños patrimoniales recuperados.

La titular de la SHFP informó sobre el programa "Jóvenes Vigilantes Sociales" para contrarrestar el acoso escolar y aseguró que se abrirá una investigación sobre el condicionamiento de apoyos. Respecto a las quejas, mencionó que las más recurrentes son por mala prestación de servicios, abuso de autoridad, lentitud en trámites, corrupción, negligencia y maltrato.

En cuanto a las obras públicas, se realizaron 757 supervisiones, requiriendo a los ejecutores y contratistas solventar observaciones. Sobre el monto de daños patrimoniales, indicó que son más de 360 millones de pesos y que la SHFP no recupera montos, sino que se remite a instancias correspondientes.

La diputada Ang Hernández destacó la necesidad de fortalecer la SHFP para implementar mejores controles y prevenir malas prácticas en el servicio público. La comparecencia concluyó con reconocimientos al trabajo de la SHFP.

Acompañaron a la presidenta de la Comisión de Fiscalización las diputadas Roció Adame, Michel Sánchez, Julia Andrea González, Dunnia Murillo, Daylín García y Alejandrina Corral.