Política salarial

"Una política salarial efectiva no solo ajusta números, sino que mejora vidas."

Por Isidro Aguado Santacruz

En el actual entorno de dificultades económicas y financieras, es esencial considerar cómo las decisiones sobre políticas salariales afectan la estabilidad y el bienestar general. La cuestión central en el debate sobre posibles reformas es si es adecuado aumentar los salarios mínimos en una crisis económica marcada por la inestabilidad y la alta inflación. Mi postura es que no. Además, no considero que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) deba ser el principal criterio en una política salarial. En este sentido, una de las reformas propuestas por el controvertido "plan c", que está siendo evaluado en la Cámara de Diputados, resulta ser errónea, mal diseñada y potencialmente dañina.

Las políticas salariales mínimas en México juegan un papel crucial, ya que la mayoría de los trabajadores ganan entre uno y dos salarios mínimos, lo que significa que cualquier ajuste en esta tarifa impacta a más de dos tercios del empleo formal e informal. A pesar de las preocupaciones tradicionales sobre posibles efectos negativos, el reciente aumento del salario mínimo no ha desencadenado un incremento en el desempleo, el cierre de empresas, ni ha provocado inflación o un aumento en la informalidad.

En cambio, estos ajustes salariales han impulsado el consumo y, lo más notable, han sacado a 5.1 millones de mexicanos de la pobreza, destacando esta política como una de las pocas iniciativas exitosas del actual gobierno.

Incorporar en la Constitución la obligación de que los salarios mínimos se ajusten siempre al menos un punto porcentual por encima de la inflación plantea varias cuestiones. La propuesta presenta problemas en su redacción, ya que actualmente la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) ajusta los salarios al final de cada año para aplicarlos en el siguiente. Así, los ajustes salariales son aplicables a futuro, lo que hace incorrecto el concepto de "inflación observada durante su vigencia" en la propuesta, dado que no se puede predecir la inflación futura con certeza.

El debate central se centra en la definición constitucional de los salarios mínimos, los cuales deben enfocarse únicamente en el bienestar de los trabajadores y sus familias, y no en la inflación o indicadores macroeconómicos. El propósito primordial de los salarios mínimos es asegurar que un trabajo legal de ocho horas al día cubra las necesidades básicas del trabajador y sus dependientes. No obstante, en los últimos seis años este objetivo no se ha logrado debido a la falta de organización, diálogo efectivo y metas claras. Los aumentos en los salarios mínimos han sido inconsistentes y poco claros. Aunque no han causado las crisis económicas severas que se temían, esto se debe a que los niveles iniciales eran extremadamente bajos, incluso por debajo de los de Haití en 2017.

El artículo 123 de la Constitución establece que los salarios mínimos deben ser suficientes para cubrir las necesidades básicas de una familia, incluyendo aspectos materiales, sociales y culturales, así como para garantizar la educación obligatoria de los hijos. Un enfoque preciso para cumplir con esta directriz es asegurar que los sueldos mínimos permitan adquirir la canasta ampliada definida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), garantizando así que al menos dos personas puedan vivir fuera de la pobreza. Aunque en la actualidad el hogar promedio en México cuenta con 3.4 miembros y se sostiene generalmente con dos ingresos, el bono demográfico actual, que desaparecerá para 2032, representa una oportunidad crucial para reducir la pobreza laboral y general en los próximos años. En este contexto, asegurar que los salarios no disminuyan debido a la inflación no solo resulta insuficiente, sino también inapropiado.

Los salarios mínimos deben considerar factores como las condiciones productivas, empresariales, el entorno económico, el poder de negociación y el bienestar de los trabajadores. En México, durante cuatro décadas, el salario mínimo se utilizó excesivamente como una herramienta antiinflacionaria y para ofrecer mano de obra barata, beneficiando a inversiones nacionales y extranjeras.

Aunque esta política está en proceso de cambio, aún queda mucho por avanzar. Se necesita un nuevo pacto nacional para alcanzar los objetivos del CONEVAL, que estipula que el salario mínimo debe ser suficiente para cubrir dos canastas alimentarias y servicios al final del próximo sexenio, lo que requeriría un salario mensual de 8,610 pesos.

Este ajuste implica un aumento real del 38% en seis años y debe ser implementado con cuidado, considerando las variaciones económicas y las capacidades de las empresas. Es fundamental establecer una política salarial robusta que responda a la realidad y se ajuste a las circunstancias cambiantes, evitando que una mala concepción de la política salarial frustre uno de los pocos avances significativos en esta área.

Para finalizar, la política salarial debe centrarse en garantizar que los salarios mínimos cumplan efectivamente con su propósito fundamental: proporcionar un estándar que cubra las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. Para lograr este objetivo, es crucial diseñar e implementar una política salarial bien estructurada que no solo responda a las necesidades económicas actuales, sino que también se ajuste a las realidades cambiantes del entorno laboral y empresarial. Una política salarial efectiva debe equilibrar las demandas económicas con el bienestar de los trabajadores, asegurando así que los ajustes salariales contribuyan a mejorar las condiciones de vida sin comprometer la estabilidad económica general. Excelente martes.