Padrón de telefonía viola derechos y eleva posibilidad de ciberdelitos

Por Arianna Monteverde

Cd. Obregón. - La implementación del nuevo padrón de telefonía móvil en el país, que obliga a los usuarios a entregar sus datos biométricos, será un reto para el gobierno federal, pues tendrán que evitar el robo de esta información valiosa para evitar más delitos cibernéticos, opinó José Manuel Acosta, integrante de la Asociación Sonora Cibersegura.

Destacó que esta reforma de Ley entró en vigor el fin de semana y el objetivo principal es buscar disminuir los delitos de extorsión, fraude electrónico y secuestro, donde todas las personas con un teléfono celular deberán integrarlo a este padrón y tendrán un lapso de 2 años para hacerlo.

Lo preocupante, dijo, es que el gobierno federal no posee los recursos necesarios para poder asegurar y respaldar la información de los mexicanos para que no sea robada y utilizada con otros fines.

“Con todos estos datos, que se van a incluir biométricos, el Gobierno no puede garantizar que se van a resguardar de manera correcta, porque ni siquiera tienen los sistemas de seguridad ni la legislación necesaria para proteger nuestra información”, expuso.

Ahora el Gobierno y las telefónicas, dijo, contarán con la huella dactilar, reconocimiento facial, iris, voz y otros datos, como INE, domicilio, que fácilmente podrían ser robados y utilizados para cometer varios delitos. 

En internet y de manera particular, expresó, ya se ha mostrado interés por parte de la ciudadanía para interponer amparos, pero esto implicaría un gasto importante por la contratación de abogados.

A nivel internacional, dijo, las grandes potencias mundiales no cuentan con un tipo de padrón de este tipo, pues han reconocido que no se tiene resultados para el combate de los delitos que se exponen, como extorsión, ciberdelitos, y suplantación de identidad.

En el caso de las empresas, expresó, también implica gastos importantes, ya que tendrán un lapso de dos años para que se adquiera mobiliario oficial para recabar estos nuevos datos.

“Para las ciudades en caso de que no quieran dar sus datos personales podrán ser acreedores a que se les imponga una multa de hasta 80 mil pesos o incluso que se te suspenda la línea de manera definitiva”, agregó.

Recordó que en el sexenio de Felipe Calderón, también se implementó un padrón similar, cuya base de datos fue robada tiempo después y se podía comprar a través de internet.