Decisión en caso de 'moches' es la impunidad de siempre: Fiorentini

Por: Octavio Fabela

MEXICALI.- El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, Francisco Fiorentini, fijó su postura respecto a la decisión de la Fiscalía General del Estado de archivar el caso de negociaciones ilícitas porque no había elementos suficientes para ejercitar acción penal, de acuerdo al comunicado oficial 504/20.

Declaró que mientras las autoridades encargadas de investigar conductas de corrupción cometidas por servidores públicos sean designadas sin el escrutinio público y solo bajo criterios de amistad, compadrazgo o incondicionalidad con el gobernador, no habrá garantía para la sociedad de que los funcionarios corruptos afines a la administración respondan por sus acciones u omisiones.

Señaló que la determinación de la FGE representa, a su vez, un mensaje de impunidad que genera un rechazo categórico por ser contrario a la obligación constitucional de combatir a la corrupción.

"Es impostergable asumir el compromiso de realizar investigaciones exhaustivas e independientes en los ámbitos penal y administrativo sobre posibles actos de corrupción en Baja California", exclamó.

Del mismo modo, consideró que la resolución se presentó "como un escupitajo en el rostro de los ciudadanos que consideraban que en este gobierno las cosas se harían distintas a todos los anteriores".

En la Constitución los aspectos penales y administrativos se desarrollan de manera autónoma, comentó Fiorentini, por lo que la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública debe fortalecer su investigación sobre la denuncia que recibió por la entrega de dinero a cambio de contratos de servicios gubernamentales ya que afecta de manera directa a la sociedad.

"El mensaje que estamos recibiendo es un mensaje muy grave. Es, mientras tú des dinero al grupo cercano en el poder, en el estado no te va a pasar nada", lamentó.

Su actuación, a decir del presidente, redundará en la confianza de los ciudadanos para con las instituciones y su responsabilidad de dar resultados contundentes en el combate a la corrupción, en particular de aquellos delitos y actos administrativos que cometen los servidores públicos.

En cuanto a la determinación de la FGE, por ser la ofendida, indicó que la sociedad está en condiciones de promover de manera individual o colectiva un recurso para combatir el no ejercicio de acción penal con base en el Artículo 20, Apartado C, fracción VII  de la Constitución General de la República.

"Yo entiendo que el gobernador Bonilla está perdiendo una oportunidad para hacer de los dichos los hechos. ¿Por qué? Porque el mensaje que se manda es el que se mandó en el gobierno del PAN, y el que se mandó en el gobierno del PRI, y el que se ha mandado en los gobiernos del PRD. Entendamos una cosa, los partidos son los grandes opositores a que la transparencia sea el común denominador", remató.