Congreso endurece sanciones por robo del agua Con 19 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, el Congreso de Baja California aprobó por mayoría el Dictamen #1 de las Comisiones Unidas.
BAJA CALIFORNIA.- Con 19 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, el Congreso de Baja California aprobó por mayoría el Dictamen #1 de las Comisiones Unidas, referente a la reforma a la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California, Código Fiscal para el Estado de Baja California, Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el Ejercicio fiscal del año 2020, así como el Código Penal del Estado de Baja California, presentada el 30 de abril de 2020. Dicho dictamen, tiene el propósito de reducir de tres a un mes, el adeudo en el consumo de agua para proceder al corte del servicio, al aplicar la retroactividad de 10 años en la estimación del gasto de agua a quienes se les detecte tomas comerciales, industriales y turísticas no registradas o clandestinas. Con una reserva de la diputada Montserrat Caballero, los legisladores emitieron su voto de la siguiente manera: Claudia Agatón a favor Miguel Ángel Bujanda a favor Montserrat Caballero a Favor Miriam Cano a favor Rosina del Villar a favor Araceli Geraldo a favor Carmen Leticia Hernández a favor Gerardo López en abstención Juan Meléndrez Espinoza a favor Juan Manuel Molina a favor Víctor Morán a favor Efrén Moreno Rivera a favor Víctor Hugo Navarro a favor Rodrigo Aníbal en contra Loreto Quintero Abstención David Ruvalcaba en contra Elí Topete a favor María Trinidad a favor Eva María Vázquez en abstención Ramón Vázquez a favor Fausto Gallardo García a favor María Luisa Villalobos a Favor Eva Rodríguez a favor Julio César Vázquez a favor El diputado por el Partido Revolucionario Institucional, David Ruvalcaba, manifestó su voto en contra, al considerar que dicha reforma vulnera el Estado de Derecho, y atenta contra los artículos 4º y 115º constitucionales, contra el 146 del Código Fiscal de la Federación y contra los derechos humanos. Bajo el argumento de que muchos negocios pequeños podrían verse afectados por esta decisión con los cortes de agua, insistió en que en lugar de ello se les deberían otorgar estímulos en lugar de exigir el pago de sus adeudos en plena contingencia sanitaria. Por otro lado, se precisó que esta medida está dirigida al sector comercial, ya que en el uso doméstico privarlos del servicio se consideraría una injusticia al servicio vital, con los que en caso de adeudos se limitan a la aplicación de reductores.
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